El código del miedo

El transfondo que hace posible el nuevo código penal parece remitir al actual proceso histórico de desposesión de las clases populares, a cómo el capital, en la actual lucha de clases, precisa excluir del reparto de la riqueza a sectores sociales cada vez más extensos para seguir creciendo ampliadamente. Tal proceso arranca en los años ochenta y supone la quiebra del modelo de consenso social del llamado estado del bienestar. Los antiguos aliados en el expolio del Sur son ahora desposeídos y marginados de un consenso que tiende a estrecharse y, por ello, deben implementarse medidas de claro cariz policial y parapolicial, de un control propio de tiempos pasados.

La figura del sujeto peligroso ceba ideológicamente nuestro imaginario y normaliza este tipo de intervenciones represivas, justifica su solapamiento y plena compenetración con el cuerpo policial y carcelario. El loco, esa baja en la lucha de clases y heteropatriarcal, es imprevisible, no acepta lo inaceptable, es peligroso pues, hoy más que ayer, porque señala la misma fragilidad del nuevo consenso, su esencial precariedad. De nuevo se le aleja del enfermo orgánico y se le emparenta con el delincuente, ambos retoños de una cepa genética extraviada, y precisa, en consecuencia con su filiación, de medidas excepcionales, de una excepción normalizada en bien de la sacrosanta seguridad. La seguridad es la idea fuerza del orden del capital en tiempos de crisis, el consenso aún efectivo (véase el apoyo a la policía y el ejército en las encuestas) que sostiene la precariedad esencial de nuestras vidas.

La idea de “peligrosidad” es una construcción para generar “alarma social” y generar miedo en una sociedad aterrada que deberá de estar en permanente alerta. En ese contexto, la aplicación de penas más duras y un mayor control, crean la falsa percepción de medidas “justas”. Con la “alarma social”, los gobernantes sólo tienen que ejercer como populistas frente a las demandas de las masas aterradas para ganarse de nuevo la perdida confianza. Los gobernantes vuelven a cuidar a sus ciudadanos de los miedos atávicos causados por los monstruos que, previamente, se han inventado.

Esta idea ya había sido ensayada, remite a otras leyes franquistas como la “de vagos y maleantes”. En ella queda implícita la idea de una “capacidad de predicción” que plantea el castigo hacia conductas imprevisibles, ‘peligrosas’ y ‘riesgosas’ en potencia para el sistema capitalista, heteropatriarcal y neocolonial. El diagnóstico psiquiátrico (“de discapacidad” para el CP) introduce posibles conductas a futuro en relación a niveles estadísticos de “gravedad” que parecen ser fácilmente asimilables en la interpretación de un pronóstico “delictivo”, “desobediente” qué controlar anticipadamente (futurología). La prevención y predicción aparecen como objetivos del sistema penal permeable a una “clínica” basada en la medicación, el control y la contención de las situaciones de sufrimiento y lo imprevisible, es decir, a su silenciamiento.

La industria farmacéutica desarrolla un papel privilegiado que aparece implícito pero que marca las decisiones y actuaciones de los psiquiatras para dar continuidad a “tratamientos” basados en no abandonar los circuitos protocolizados de la salud mental.

La relación entre el circuito psiquiátrico de crisis-ingreso-contención-conciencia de enfermedad-pronóstico y la atemporalidad de lo “crónico” es permeable a la idea de una prisión revisable si la interpretación “libre” que se le otorgaría al Juez queda supeditada a seguir dentro del circuito por “seguridad”.

La justicia desplaza su objeto, ya no juzga y castiga actos, se interna en las subjetividades para encontrar la esencial peligrosidad del sujeto y bajo el pretexto de su pretendida predicción, castigar el delito antes de que éste llegue a producirse. Pero de igual forma que es imposible tal viaje a las interioridades del sujeto tampoco se castiga ningún delito, sería también imposible sin que éste se produjera previamente, lo que sí se produce es una conformación en la servidumbre de la subjetividad a la que se exige complicidad y colaboración permanente con la autoridad en sus labores represivas. El foco se centra no en la gravedad del daño cometido, sino del sujeto que lo puede cometer. El concepto de peligrosidad antecede y performa tales medidas, las hace posibles, entendibles, razonables, sensatas. Se trata de lograr la seguridad, ese horizonte de sentido de todo el CP, de toda ley desde que se inaugurara la doctrina de la seguridad por la excusa terrorista. La misma necesidad de seguridad viene dada por la previa performación del sujeto peligroso. El loco, el terrorista, el delincuente, el monstruo… son espantajos que prefiguran como amenazas, como activos agentes del miedo, el campo de la seguridad. Los ciudadanos sensatos, los que se quedan en casa mientras los delincuentes se manifiestan, son los que tienen miedo a tales amenazas y exigen medidas duras en beneficio de una seguridad a la que todo debe subordinarse. En nombre de la seguridad se acepta el control absoluto y totalitario de las comunicaciones y de la vida en las calles, la supresión de las libertades formales, la segregación y marginación de grupos sociales cada vez más numerosos, la humillación ridícula de los pasajeros en los aeropuertos…en nombre de la seguridad cada vez se vive con más miedo.

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