NEFASTAS CONTRA EL CÓDIGO PENAL. LA PELIGROSIDAD SOCIAL DE LAS “CHICAS MALAS”

LA PELIGROSIDAD SOCIAL DE LAS “CHICAS MALAS”

La exposición de motivos del anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la LO 10/1995, de 23 de noviembre del Código Penal, se sostiene sobre la coherencia según la cual el fundamento de las medidas de seguridad reside en la peligrosidad del autor-a. Para cumplir con tal “coherencia” y, en relación directa con la punitividad preventiva cada vez más frecuente en los modernos sistemas jurídicos neoliberales, se pretende aplicar un sistema dual, según el cual, el límite de la medida de seguridad no depende del límite de la pena. La presente reforma abandona la idea de que las medidas de seguridad no pueden ser más graves que las penas aplicables al delito cometido y por tanto, el límite de la gravedad de la pena aplicada irá en función de la culpabilidad por el hecho delictivo, mientras que el límite de la medida de seguridad irá en relación a la peligrosidad del autor-a.
La introducción del concepto de peligrosidad para evaluar la concurrencia de aplicación de medidas de seguridad, que en muchos casos pueden suponer penas privativas de libertad superiores a las penas aplicadas por el delito cometido, es un concepto subjetivo y arbitrario que será aplicado a discreción de jueces, basándose, cuando corresponda, en informes psiquiátricos.

En el caso de las personas socializadas como mujeres, la apreciación de la peligrosidad guardará relación directa con la vulneración, no de la ley penal (límite gravedad de la pena), sino con la vulneración de su normativa hegemónica de género (límite de la medida de seguridad). La expresión de malestares femeninos asociados a la pasividad y la melancolía pueden ser más aceptados (aunque desoyendo las causas que los generan por naturalizarse en el “ser” femenino) que las expresiones coléricas del malestar que son aquellas que parecieran determinar la peligrosidad. Una mujer que expresa de forma agresiva un malestar derivado de la experiencia opresiva de género, o bien, aquella que se revuelve coléricamente contra las imposiciones de la feminidad, será contemplada como un ser aberrante al incumplir uno de los ejes prioritarios de la configuración femenina, el pacifismo y la pasividad. La naturalización de esta normativa en el ser femenino, provocará que las “incumplidoras” sean contempladas como seres monstruosos y, por tanto, más susceptibles de apreciarse en ellas peligrosidad social.

La ley y, principalmente la ley penal, individualiza los malestares de origen social presentándolos como una falta personal. La pericia médico-legal se erige como elemento clave para los procesos de patologización de los malestares, estableciendo cuáles son los comportamientos que deben etiquetarse como patológicos y cuáles no, “nombrando como enfermedades a las reacciones a la violencia institucional y ocultando la violencia de los informes psiquiátricos y sus tratamientos” así como de la promulgación de leyes.

El argumento más utilizado en el texto propuesto con la finalidad de endurecer las sanciones y criminalizar a aquellos sectores de población sobre los que se actuará preventivamente como supuestos “grupos productores de riesgo”, es la instrumentalización de las libertades civiles y la protección de mujeres y niñxs. Los delitos relacionados con la libertad sexual de mujeres y niñxs sirven como excusa para imponer tales medidas, ocultando que la existencia de tales comportamientos tienen relación directa con la existencia de un sistema de binarismo y opresión de género, sistema garantizado y apoyado por los mismos gobiernos redactores de dicha ley y por los mismos jueces-as que van a aplicarla.

Por otra parte, la protección moral de los menores y por extensión de las mujeres como seres paradigmáticos de la debilidad mental y de carácter, ha servido frecuentemente como excusa para limitar y criminalizar a determinados colectivos, como si el ser mujer o niñx, fuera en sí una identidad pura, sin intersección de otros factores identitarios castigados en la ley. La ley crea entonces sujetos metafísicos de protección que no son representativos de las personas empíricas de carne y hueso que, por lo general, no son únicamente una cosa: no son solo niñxs, sino también pueden ser pobres, migradxs, etnificadxs, etc. No son únicamente mujeres, sino también pueden ser lesbianas, trans, tener un diagnóstico que cuestione su “salud mental”, etc. Si tenemos en cuenta la complejidad de la construcción identitaria constatamos que esta no está conformada únicamente por un eje, sino que en todos los casos se acumulan factores de exclusión o bien factores de privilegio como en el caso de los varones, blancos, heterosexuales, de clase acomodada, no diagnosticados, “sanos”, etc.

Entonces, la Ley y principalmente la Ley penal, establece sujetos “ganadores de derechos” a los que además atribuye determinadas características limitadoras de la experiencia y excluyen a otrxs que no serán protegidxs, amparadxs ni representadxs por dicha ley, quedando marginadxs del lugar del reconocimiento, incluso de la propia existencia. Oponiéndonos a dicha reforma no tratamos de adherirnos acríticamente a las propuestas romantizadas de algunas de las prácticas de la criminalidad, sino huir de la lógica dicotómica del discurso jurídico y de su materialización en un discurso que simplifica la realidad en la existencia de víctimas y culpables, ocultando la violencia derivada de la promulgación de leyes, la aplicación de políticas y la redacción de informes psiquiátricos.

El cuestionamiento y oposición a esta reforma, solo es posible teniendo en cuenta que el sistema legislativo, sus leyes y sus centros de encierro son uno de los principales ejes de opresión de este sistema. Por ello entendemos esta lucha como una lucha contra el sistema legislativo y sus medios, así como contra el sistema al que estas leyes protegen.

NEFASTAS, 2013

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