No nos dejan otra opción que la revolución

La llamada “crisis” no es más que una estrategia de ingeniería económica y financiera del poder para recortar los derechos y para acabar con las libertades conseguidas con años de lucha. Para reforzar al capital y a sus estados, los gobiernos globalizan unas políticas penales que les permitan mantener el orden y la paz social entre una población que, ante la imposibilidad de  encontrar salidas en una vida completamente precarizada, sólo nos queda la total sumisión o la permanente revuelta.

Frente a la primera, capital y estados, ya disponen de suficientes medidas disciplinarias. Contra la segunda se fortalecen y se arman con el endurecimiento de sus instituciones penales.

El pasado mes de Septiembre, el gobierno apoyó una nueva reforma del código penal que todavía está pendiente de su aprobación por las Cortes. Esta nueva reforma aparece pocos meses después de la anterior, con la excusa de que la sociedad tiene “una percepción de resoluciones judiciales injustas” y por la necesidad de “fortalecer la confianza de la población, en la administración de justicia”, legitimando las nuevas medidas propuestas con la finalidad de dotar a las instituciones de medios necesarios que “garanticen resoluciones judiciales previsibles”.

Tenemos claro que no se trata sólo de una “percepción”, sino de una constatación real y que la aprobación de estas medidas ahondarán en la injusticia y en la desconfianza. Entre esas medidas caben destacar la naturalización del estado de excepción con la “prisión permanente revisable”, la ampliación del ámbito de libertad vigilada y de las medidas de seguridad, así como la regulación del delito continuado. Por otra parte se expone que “se afrontan dos reformas que están orientadas a incrementar la eficacia de la justicia penal” y para ello se vuelve a formas penales propias de las leyes de vagas y maleantes y de peligrosidad social, al recuperar la figura del “sujeto peligroso”. Además se suprimen las faltas y las convierten en sanciones administrativas o en delitos leves. Se revisan técnicamente los delitos contra la propiedad y los de atentado y desobediencia a la autoridad o las alteraciones del orden público. Se tipifican nuevos delitos y se modifica la actual regulación de la llamada inmigración ilegal.

Esta reforma supone un paso definitivo en la criminalización de diferentes colectivos sociales en resistencia. Las nuevas formas de protesta de los movimientos sociales, como la ocupación de plazas o espacios públicos, los escraches, el corte de calles o la interrupción de los servicios de comunicación y del transporte público, serán constitutivos de delito.

La incitación a la desobediencia, a la protesta, a hablar de nuestros deseos de revolución, será delito. En caso de incidentes, se criminaliza toda actitud activa o pasiva de protesta, señalando como responsable al grupo. Ya no se juzga lo que se hace, sino lo que se piensa, lo que se expresa o lo que no se hace.

Las personas migradas podrán ser expulsadas por cuestiones insignificantes. Todo es delito y la “reincidencia” conlleva medidas de seguridad o prisión que a las personas migradas, se les podrá sustituir por su expulsión.

El testimonio de la autoridad no podrá ser cuestionado, se convierte en ley, y tendrán categoría de autoridad todos aquellos “ciudadanos” que intentan reestablecer el “buen orden”.

Con esta reforma se podrá esterilizar a las personas con diversidad funcional y señalar como “sujetos peligroso” a las personas que estando diagnosticadas con algún malestar psíquico, emocional y/o social, se resistan al disciplinamiento de sus cuerpos con el encierro psiquiátrico, el control por la medicación o por medidas de seguridad. Para ellas está previsto el encierro a perpetuidad hasta que las “causas objetivas” de peligrosidad, hayan desaparecido, algo que en salud mental es del todo inusual, puesto que la psiquiatría no reconoce curación de alguna enfermedad.

Todas esas medidas de excepcionalidad se presentan como de exclusiva aplicación para quienes consideren “sujetos peligrosos”, pero la experiencia nos enseña que siempre se acaban aplicando a quienes no formaban parte de esa excepcionalidad.

Esta reforma del código se presenta desde la aplicación de una serie de medidas populistas contra la corrupción, los incendios forestales, la violencia contra las mujeres o los peligrosos y crueles criminales, etc…, pero esas leyes son del todo inútiles e ineficaces y actúan como cortina de humo para encubrir la realidad que nos espera. Esta reforma, como todas las anteriores, no se hace para beneficio del pueblo, sino para conservar, mantener y ampliar los privilegios de las clases sociales que ejercen el poder y la tiranía económica sobre el resto. No nos dejemos engañar, este código es un paso decisivo en la amenaza y represión contra los colectivos que este sistema criminaliza etiquetándolos de “delincuentes”, “antisistemas”, “anarquistas”, “radicales”, “terroristas”, “insurreccionales”, “locos” y “locas”, “ilegales”, “marginales”…

Ante al impulso represivo del poder, nuestra arma más eficaz es la solidaridad, el apoyo mutuo y la determinación para acabar con este sistema de domesticación. 

Manifestemos nuestro rechazo, seamos un contundente clamor contra todas estas medidas que fortalecen el estado penal. Abajo los tribunales y las leyes de excepción. 

Frente a esta opresión…, estamos de suerte, no nos dejan otra opción que la revolución.

Permanece atentx a las convocatorias y visibiliza tu rechazo en la siguiente dirección:

http://www.colectivosaludmental.org

Para contactar y participar en el rechazo de la reforma del código penal, escríbenos a:

 opcionrevolucion@riseup.net

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