Todas a la cárcel!

Para consolidar este sistema de expolio generalizada de las libertades y del atraco continuado contra las arcas públicas, Estado y Capital han decidido reforzarse con la inclusión de medidas penales más severas para afrontar este complejo contexto de confrontación de clases, al que tan cínicamente han llamado “crisis”.

El código penal, a través de sus constantes reformas, se constituye, conjuntamente con las fuerzas del orden público, como uno de los instrumentos fundamentales para la intimidación de una población decepcionada, que reclama poner fin a un sistema de abuso continuado.

El pasado mes de Septiembre el gobierno apoyó otro proyecto más de Reforma del Código Penal, que espera la aprobación de las Cortes. En dicha reforma no sólo transforman las faltas en sanción administrativa o en delitos, sino que incorporan nuevas medidas represivas y punitivas que van directamente asociadas a la resistencia de determinados colectivos sociales y políticos. En algunos casos, justificando la inclusión de las actuales modalidades de cadenas perpetuas, en otras, extendiendo las medidas de seguridad a personas de grupos sociales y protegiendo, reforzando y ampliando las figuras de autoridad, que serán incuestionables y testimonio incuestionable en la aplicación de una pena.

El supuesto estado del bienestar se revela así, no como un sistema de garantías, sino como una estrategia para adentrarnos, a través de la paz social, en un estado del malestar “permanente revisable” y este código es el colofón al resto de reformas que atacan a las conquistas sociales, y supone un paso decisivo en la represión y el control social para proteger y preservar los intereses de las clases privilegiadas.

Esta reforma impuesta a través del populismo y una falsa alarma social orquestada desde el gobierno, los grupos de poder más conservadores y reaccionarios y los medios de comunicación, convierte en “sujetos peligrosos” a toda esa resistencia disidente que agita el malestar en los colectivos sociales.

Este código se ha aprobado para poner límites penales a nuevas formas de protesta como las ocupaciones de espacios públicos o privados, los escraches, los cortes de calles, la parada de transportes públicos, los piquetes informativos, etc…, a través de leyes específicas o de forma indirecta, como la resistencia a la autoridad o la incitación. No sólo se fortalece la figura de esta autoridad, cuya palabra será ley, sino que protege a todos aquellos “ciudadanos” que intentan reestablecer el “buen orden”.

La “incitación” se convierto en delito. Ya no se juzga lo que se hace, sino lo que se piensa o lo que se expresa. Hablar de nuestros deseos de revolución podrá ser condenado. Hacer llamamientos a la desobediencia podrá ser delito, convirtiendo en realidad las palabras que decía Henry Thoureau: “Bajo un gobierno que encarcele a alguien injustamente, el sitio adecuado para una persona justa es también la cárcel”.

Se criminaliza a quienes lleven a cabo acciones directas de respuesta activa, así como a quienes pasivamente formen parte del grupo. La represión amenaza y golpea directamente a los colectivos que este sistema criminaliza etiqueténdolos de “delincuentes”, “antisistema”, “anarquistas”, “radicales”, “terroristas”, “insurreccionales”, “locos” y “locas”, “ilegales”, “marginales”, etc…

Las personas migradas podrán ser expulsadas por cuestiones insignificantes. Todo es delito y la “reincidencia” conlleva medidas de seguridad o prisión, que a las personas migradas se les podrá sustituir por su expulsión.

El estado de excepción se naturaliza con la “prisión permanente revisable”, cadena perpetua que perversamente se legitima en nombre de los “derechos humanos” y que, aunque se presenta como medida exclusiva para quienes se consideren “sujetos peligrosos”, la experiencia nos enseña que estas medidas de excepción se acaban normalizando y aplicando a quienes no formaban parte de esa excepcionalidad.

Y si de excepcionalidad se trata, esta reforma podrá someter a la esterilización a personas con diversidad funcional y señala como “sujetos peligroso” a las que ven afectada su salud mental por el malestar psíquico, emocional y social. Toda acción contra la depresión, la angustia, el pánico que genera este sistema que arranca y mutila toda manifestación de rabia y de dolor, será constitutiva de delito y penalizada con el encierro psiquiátrico, el control de la medicación, medidas de seguridad e incluso la condena al encierro a perpetuidad hasta que las “causas objetivas” de peligrosidad, desaparezcan, algo que, en salud mental, es del todo inusual puesto que la psiquiatría no reconoce curación de alguna enfermedad.

Ante al impulso represivo del poder y el disciplinamiento de nuestras emociones y cuerpos, la arma más eficaz es la solidaridad, el apoyo mutuo y la determinación para acabar con este sistema de domesticación.

Manifestemos nuestro rechazo, seamos un contundente clamor contra todas estas medidas que fortalecen el estado penal. Abajo los tribunales y las leyes de excepción. 

Frente a esta opresión, estamos de suerte, no nos dejan otra opción que la revolución.

Permanece atentx a las convocatorias y visibiliza tu rechazo en la siguiente dirección:

http://www.colectivosaludmental.org

Para contactar y participar en el rechazo de la reforma del código penal, escríbenos a: 

opcionrevolucion@riseup.net

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